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La Prevención del Delito en México – Jonathan Gerardo González Magos

Centro de Estudios Avanzados de las Américas

Maestría en Criminología

Asignatura: La Criminalidad en México

Cuatrimestre: 5to

Caso Práctico

Título

La Prevención del Delito en México

Nombre del Alumno: Jonhatan Gerardo González Magos

Matrícula: M16090800034

Asesor: Mtra. María Teresa Carreño Hernández

Fecha: 16 de abril de 2018

Introducción

Una de las distintas formas de disminuir la Criminalidad en México, es a través de la prevención del delito. La cuál ha sido muchas veces confundida con la prevención victimal, está última dirigida a disminuir no el delito sino a las víctimas.

La prevención del delito va dirigida a que no se cometa el mismo. Con el fin de facilitar la realización del reporte en comento, a continuación se presentan algunas preguntas guías que pueden ser consideradas.

Desarrollo

1.- ¿Cuál es el marco jurídico de la Prevención del Delito en México?

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como norma suprema.

Como norma internacional se tienen las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil -Directrices de Riad.

Asimismo se tienen las siguientes leyes:

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Ley General de Víctimas.

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se cuenta con los siguientes reglamentos:

Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 En cuanto a estatutos se tienen los siguientes:

Estatutos de Organización y Funcionamiento de la Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

En cuanto a los acuerdos están los siguientes:

Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Acuerdos de la Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Acuerdo por el que se crea con carácter de permanente la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Acuerdo por el que se da a conocer la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020.

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito

En relación a planes y programas están:

Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018

Programa Nacional Para La Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia

2.- ¿Cuál es la Política del Estado Mexicano sobre la Prevención del Delito?

La política en materia de prevención del delito la podemos ubicar claramente en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, misma que señala que la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan.

La planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones se realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las Instituciones de Seguridad Pública y demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al cumplimiento de esta Ley, debiendo observar como mínimo los principios de: Respeto irrestricto a los derechos humanos; Integralidad, el Estado, en sus distintos órdenes de gobierno desarrollará políticas públicas integrales eficaces para la prevención de la violencia y la delincuencia, con la participación ciudadana y comunitaria; Intersectorialidad y transversalidad, es la articulación, homologación y complementariedad de las políticas públicas, programas y acciones de los distintos órdenes de Gobierno, incluidas las de justicia, seguridad pública, desarrollo social, economía, cultura y derechos humanos, con atención particular a las comunidades, las familias, las niñas y niños, las mujeres, así como las y los jóvenes en situación de riesgo; Trabajo conjunto. Comprende el desarrollo de acciones conjuntas entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, así como de los diferentes sectores y grupos de la sociedad civil, organizada y no organizada, así como de la comunidad académica de manera solidaria, para que contribuyan a la prevención social de la violencia y la delincuencia y al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad; Continuidad de las políticas públicas. Con el fin de garantizar los cambios socioculturales en el mediano y largo plazos, a través del fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, asignación de presupuesto, el monitoreo y la evaluación; Interdisciplinariedad. Consiste en el diseño de políticas públicas tomando en cuenta conocimientos y herramientas de distintas disciplinas y experiencias nacionales e internacionales; Diversidad. Consiste en considerar las necesidades y circunstancias específicas determinadas por el contexto local territorial, el género, la procedencia étnica, sociocultural, religiosa, así como las necesidades de grupos vulnerables o en riesgo, mediante la atención integral diferenciada y acciones afirmativas; Proximidad. Comprende la resolución pacífica de conflictos, con estrategias claras, coherentes y estables, de respeto a los derechos humanos, la promoción de la cultura de la paz y sobre la base del trabajo social comunitario, así como del contacto permanente con los actores sociales y comunitarios; y Transparencia y rendición de cuentas.

La prevención social de la violencia y la delincuencia incluye los siguientes ámbitos: Social; Comunitario; Situacional; y Psicosocial.

En cuanto al ámbito social se llevará a cabo mediante: Programas integrales de desarrollo social, cultural y económico que no produzcan estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, deporte y desarrollo urbano; la promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión; el fomento de la solución pacífica de conflictos; estrategias de educación y sensibilización de la población para promover la cultura de legalidad y tolerancia respetando al mismo tiempo las diversas identidades culturales. Incluye tanto programas generales como aquéllos enfocados a grupos sociales y comunidades en altas condiciones de vulnerabilidad; y se establecerán programas que modifiquen las condiciones sociales de la comunidad y generen oportunidades de desarrollo especialmente para los grupos en situación de riesgo, vulnerabilidad, o afectación.

En el ámbito comunitario pretende atender los factores que generan violencia y delincuencia mediante la participación ciudadana y comunitaria y comprende: La participación ciudadana y comunitaria en acciones tendentes a establecer las prioridades de la prevención, mediante diagnósticos participativos, el mejoramiento de las condiciones de seguridad de su entorno y el desarrollo de prácticas que fomenten una cultura de prevención, autoprotección, denuncia ciudadana y de utilización de los mecanismos alternativos de solución de controversias; el mejoramiento del acceso de la comunidad a los servicios básicos; fomentar el desarrollo comunitario, la convivencia y la cohesión social entre las comunidades frente a problemas locales; la participación ciudadana y comunitaria, a través de mecanismos que garanticen su efectiva intervención ciudadana en el diseño e implementación de planes y programas, su evaluación y sostenibilidad, y el fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.

En el ámbito situacional consiste en modificar el entorno para propiciar la convivencia y la cohesión social, así como disminuir los factores de riesgo que facilitan fenómenos de violencia y de incidencia delictiva, mediante: El mejoramiento y regulación del desarrollo urbano, rural, ambiental y el diseño industrial, incluidos los sistemas de transporte público y de vigilancia; el uso de nuevas tecnologías; la vigilancia respetando los derechos a la intimidad y a la privacidad; medidas administrativas encaminadas a disminuir la disponibilidad de medios comisivos o facilitadores de violencia, y la aplicación de estrategias para garantizar la no repetición de casos de victimización.

La prevención en el ámbito psicosocial tiene como objetivo incidir en las motivaciones individuales hacia la violencia o las condiciones criminógenas con referencia a los individuos, la familia, la escuela y la comunidad, que incluye como mínimo lo siguiente: Impulsar el diseño y aplicación de programas formativos en habilidades para la vida, dirigidos principalmente a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad; la inclusión de la prevención de la violencia, la delincuencia y de las adicciones, en las políticas públicas en materia de educación, y el fortalecimiento de las capacidades institucionales que asegure la sostenibilidad de los programas preventivos.

3.- ¿Las Policías Comunitarias (también llamados grupos de autodefensa) existentes en varios Estados de la República contribuyen y han contribuido a la prevención del delito y la disminución de la criminalidad?

Sin duda la creación de estos grupos organizados o medianamente organizados ha contribuido a combatir la delincuencia que se vive en sus comunidades. Precisamente se les dio ese nombre de policías comunitarias pues fueron creadas por habitantes de comunidades olvidadas por el gobierno municipal y estatal; estas policías se crearon también en las juntas auxiliares de los municipios, ello con el fin de poner un alto a la delincuencia que azota en sus tierras.

 En ese sentido, ante la rabia de la gente por la violencia, la criminalidad y la escasa vigilancia policial en distintas comunidades y juntas auxiliares, se crearon las Policías comunitarias en las que participan obligatoriamente sus habitantes con la peculiaridad de que son puros hombres los cuales deben tener una edad mínima de 18 años. Estos habitantes organizados se arman con distintos objetos que van desde palos resorteras, machetes llegando incluso a portar armas, con el fin de defenderse de la delincuencia. Cuentan generalmente con una estructura bien definida en los que su órgano rector es una asamblea popular. Ante el olvido de las corporaciones policiacas tanto municipales como estatales es que se ven obligados a crear grupos de vigilancia armados con el objetivo de mantener seguras sus viviendas, negocios y áreas que se ven amenazadas por los delincuentes.

Se advierte que estas personas están cansadas de tantas injusticias, incluso un distintivo de estas policías es la advertencia de que si agarran a un delincuente lo van a linchar, bajo el argumento de que las autoridades municipales no realizan su trabajo y dejan en libertad a los criminales. En este sentido es clara su queja contra el nuevo sistema de justicia penal, que dada su complejidad y errores, los delincuentes se ven beneficiados ante las fallas de dicho sistema.

Estas policías comunitarias tienen tal influencia que pueden determinar incluso “toque de queda” para poder vigilar las calles y saber qué personas están paseando por cada sector, además de reconocer a las personas que llegan tarde a sus casas y no ser sorprendidos por los delincuentes.

Estas policías comunitarias encuentran legitimad en el respaldo de los propios ciudadanos, tanto a llegado su campo de acción, notoriedad e influencia que las propias autoridades se han acercado a dichas policías comunitarias para dialogar.

En suma, estas policías comunitarias han ayudado a combatir la delincuencia en sus comunidades, generando así confianza en sus habitantes, disminuyendo la percepción de inseguridad y reduciendo, aunque sea mínimo, la incidencia delictiva, alejando a los criminales de dichas zonas.

4.- ¿Existen estadísticas sobre los resultados de la política preventiva del delito en México?

El Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 en la Meta «México en Paz» define como uno de sus objetivos el «Mejorar las condiciones de seguridad pública«, para lo cual una de sus estrategias hace referencia directa al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, señalando que para aportar al cumplimiento de dicho objetivo se centrará en: Aplicar, evaluar y dar seguimiento al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. En este sentido, dicha estrategia pone en evidencia la relevancia y el énfasis que el gobierno hace en materia de prevención como una estrategia eficaz y eficiente para atender la seguridad del país, de ahí que le dé seguimiento y valoración a las acciones realizadas.

En ese tenor, el indicador estratégico seleccionado por el Plan Nacional de Desarrollo, para medir la consecución de dicho objetivo es:

Así también cada uno de los objetivos específicos definidos en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, tienen sus propios indicadores con los que se medirá su alcance, incluyendo la medición de resultados con indicadores particulares para cada aspecto.

5.- ¿Cuáles son las diferencias entre prevención criminológica y prevención victimal?

La “Prevención Criminológica”, va relacionada con la planeación de la política criminológica, la cual debe ser producto de un Estado el cual está decidido a intervenir en la preservación del desarrollo y de la seguridad pública, jurídica y nacional, no reconociendo más límites que la propia democracia, el respeto a los derechos humanos, la soberanía y el equilibrio de la sociedad.

La política criminológica mexicana se ocupa de la solución integral de la causalidad y acciones preventivas eficientes de las diversas criminalidades, así como de diseñar políticas legislativas, ejecutivas y judiciales eficientes de los diferentes subsistemas de justicia: preventivo, de procuración y administración de justicia, penitenciario y de justicia para menores. La política criminológica debe garantizar soluciones al delito y a la justicia penal deliberadas, objetivas y de fondo, y no resultantes de apreciaciones subjetivas o de situaciones coyunturales.

Por otra parte, no debe limitarse a la propuesta de modelos preventivos y de justicia de otros países, sino que se debe proponer aquellos que realmente correspondan a nuestras realidades sociales preventivas y de justicia (generalmente resulta un error “copiar” sistemas de otros países pues no se ajustan a la realidad social de México). Lo anterior implica también evaluar permanentemente los impactos de los programas y acciones que se ejecuten en la prevención del delito y el mejoramiento real de la justicia penal.

La planificación político-criminológica debe involucrar a los diversos actores estatales y sociales, debe ser crítica pero propositiva, interdisciplinaria e intersectorial; debe procurar que las cuestiones preventivas y de justicia sean cuestiones ineludibles de gobernabilidad y no de privatización y comercialización. Finalmente, debe armonizar las diversas fuerzas y organismos sociales en torno a los esfuerzos del Estado en su lucha contra el crimen.

La prevención victimal, va relacionada con la Victimología, por lo que su objetivo es conocer los factores victimógenos que permiten aproximarse al tema de la prevención victimal. Funcionan como indicadores de aquellas necesidades sociales y problemáticas donde se requiere evitar que un individuo o grupo sufra daños. A partir de la clasificación de los factores victimógenos, se encuentran, sugerencias de acción en la prevención victimal.

La prevención victimal va más allá de prevenir el crimen mediante el castigo, puesto que abarca a todos los tipos de víctimas.

La política victimológica, pretende que el Estado se responsabilice por prevenir los factores que hacen vulnerable a las personas a ser víctimas. Se propone que, mediante políticas públicas y programas de atención, se reduzcan aspectos como desigualdad social y marginación, pero también la protección de grupos vulnerables como niños, ancianos, indígenas, etc.

Las estrategias de prevención victimal, se clasifican en Legislativas, Judiciales y Administrativas.

La prevención a nivel legislativo se enfoca a la revisión de las leyes a fin de tipificar aquellas conductas que generan victimización individual o colectiva a nivel tanto individual como colectivo.

En cuanto a la prevención de tipo judicial, tiene la finalidad de fomentar la cultura de denuncia, aumentando la confianza en el gobierno en que realmente les protege y les sirve.

Con respecto a las estrategias administrativas, su finalidad es la creación o modificación de políticas sociales y económicas a fin de procurar que la victimización sea menos probable.

También podemos distinguir entre prevención individual y colectiva, la primera busca prevenir la victimización a través de la difusión de información clara, específica, útil y dirigida que permita a las víctimas protegerse a sí mismos. En cambio, la colectiva busca el apoyo y colaboración de toda la comunidad en afán de generar un ambiente unido y organizado que reduzca la posibilidad de victimización, no solo frente al crimen, sino frente al abuso de poder político y económico.

6.- ¿Las alertas que emite el Gobierno de los Estados Unidos de América, a los turistas estadounidenses, para que no visiten determinados lugares turísticos o zonas consideradas de alto riesgo por la comisión de delitos, han perjudicado a nuestro País? ¿Estas alertas son una forma de prevenir el delito?

Las alertas no son una forma de prevenir el delito de manera directa, se consideran más como prevención victimal por parte del Gobierno que las emite. El Gobierno de Estado Unidos de América ha sido contundente al señalar que dichas alertas son parte del compromiso que tienen como gobierno de informar y proteger a los ciudadanos estadounidenses que viajan y residen fuera de sus fronteras, en específico México. Ha sido enfático el Gobierno de Estados Unidos de América, en el sentido de que los ciudadanos estadounidenses pueden ser víctimas de crímenes violentos como homicidios, secuestros y robos, que son los que azotan a México.

En ese sentido, efectivamente dichas alertas de viaje han perjudicado a México sobre todo en el rubro económico, pues en el último año pusieron en riesgo el 60% del turismo internacional que recibe México.

Si bien de manera directa estas alertas de viaje no son una forma de prevención del delito de manera directa, si advierten al Gobierno Mexicano para que ponga más énfasis en sus políticas en materia de prevención sobre todo en lugares turísticos, ya que como se dijo, afectan la economía en debido a la caída del turismo.

CONCLUSIONES

Se puede concluir válidamente que si bien en México existe todo un marco jurídico en materia de prevención del delito, contando también con planes y programas para combatir la violencia y la delincuencia, falta un largo camino que recorrer y mejores en todos los rubros. Estas fallas se deben a distintas causas siendo una de las principales la corrupción en los servidores públicos encargados de ejecutar todas esas acciones. En ese sentido también falta trabajar con la sociedad pues ésta muestra un desinterés en coadyuvar con las autoridades, la muestra está en el hartazgo y rabia por parte de la ciudadanía que ha llegado a niveles que se centran fuera de la ley como lo es el hacer justicia por propia mano.  Sin duda falta por mejorar tanto sociedad como gobierno.

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