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Barbosa Guzmán, Carlos Marx. Las secuelas económicas y sociales en la despenalización del aborto.

Las secuelas económicas y sociales en la despenalización del aborto.

Autor: Dr. Carlos Marx Barbosa Guzmán.         

                                                           Premio Estatal al Mérito Jurídico 2018

                                                           Premio “Legión de Honor” 2019.

Introducción:

En fechas recientes, se han generado diversas manifestaciones públicas por los trabajos legislativos que han realizado diversos congresos Estatales, respecto al tema del Aborto Inducido, en el que el último que aprobó dicha práctica para despenalizarla, fue el Congreso del Estado de Veracruz.

De manera apresurada llevaron a cabo la aprobación de dicha reforma, lo cual causó una gran sorpresa para la sociedad Veracruzana y también para miembros de diversas asociaciones tanto civiles como religiosas a nivel nacional que están a favor de la vida y la familia.

¿desde cuándo es legal el aborto inducido en México?

La Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es legal en la Ciudad de México desde el año 2007, teniendo como límite hasta las 12 semanas de gestación.

Desde entonces, una gran variedad de clínicas que ofrecen sus servicios con una amplia oferta en cuanto a los costos, que van desde los $2,500.00 hasta los $16,500.00, según la semana de gestación y el tipo de clínica, así como dependiendo de si se trata de una ILE por Medicamentos, o en el caso de ILE por Aspiración (AMEU), y estos precios pueden depender si el procedimiento es con anestesia general o anestesia local.

Pero se debe tener cuidado al guiarse por los precios, porque hay clínicas que ofrecen ILE a costos muy bajos, pero que no cuentan con tratamientos efectivos y aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), o que no cuentan con los permisos necesarios, o que no cuentan con instalaciones adecuadas y los más importante, no cuentan con personal médico capacitado para una Interrupción Legal de Embarazo segura.

Pero ahora, con la aprobación de las citadas reformas en algunos Entidades federativas, se está autorizando que sea el sector salud del Estado quien se encargue de esa práctica. Pero ahora surge una pregunta:

¿A quién se le cargaran los costos del aborto inducido?

Para las mujeres que viven en la Ciudad de México, el procedimiento no tiene ningún costo. Y para aquellas provenientes de otros estados de la República, el costo de la cuota de recuperación se estimará con base en un estudio socioeconómico que hará una trabajadora social.

Por lo tanto, para quien recibirá el servicio médico será gratuito, pero la atención médica, los utensilios y demás medicamentos tienen un costo, y deben ser sufragados, pero eso NO LO MENCIONAN en el texto de las reformas aprobadas en el citado tema que nos ocupa.

Los datos OCULTOS de otros beneficiarios, en la aprobación del aborto inducido.

En México, es conocida la práctica de la trata de personas con propósitos sexuales, ocupando el tercer lugar a nivel mundial en ese aspecto, y en el que se han visto involucrados hasta líderes de partidos políticos, que actúan como proxenetas.

Existen datos en donde dicha actividad, en la actualidad genera más de 50 mil millones de dólares de ganancia al año, y una de las cosas que provoca que haya una suspensión temporal de esa actividad, es cuando la mujer queda embarazada, pues no es rentable para los tratantes prostituir a una mujer que se encuentra en esa condición, así que a los citados explotadores también les interesa que avance dicho tema legislativo, pues de efectuarse la interrupción del embarazo en una institución de salud pública, le resulta gratuito y eso implica un mayor ahorro, pero sobre todo, es que seguirá teniendo más ganancias sin tanta inversión.

Así es, porque al llevar a las mujeres a los hospitales públicos a realizar el legrado, sus costos son cubiertos por la partida presupuestal destinada para ello, pero dicha ministración fue generada por la recaudación de todos los que pagamos impuestos.

Los lugares con mayores índices de explotación sexual forzada en México son:

Baja California (Mexicali, Tijuana), Chiapas (Tapachula), Chihuahua (Ciudad Juárez), Ciudad de México (Venustiano Carranza, Cuauhtémoc), Guerrero (Acapulco), Jalisco (Guadalajara, Puerto Vallarta), Morelos (Cuernavaca), Quintana Roo (Cancún), Tlaxcala (Tenancingo)

Hay otros estados, en los que se maquillan las cifras porque “políticamente” no es conveniente que se sepa que en esos lugares se presenta este fenómeno, por lo que además de las citadas ciudades, otros sitios con mayores índices de explotación sexual son: Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo león, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

A mayor abundamiento, y a manera de ilustrar el caso sobre quien va a soportar los nuevos gastos que se destinen para los abortos autorizados por las legislaturas de los Estados, dado que en el caso del IEPS (Impuesto Especial para productos y servicios), se generó como un tributo a favor de la salud, porque las enfermedades generadas por el consumo excesivo de alcohol, tabaco y golosinas, provoca un gasto adicional y excesivo en su asistencia médica, y para no lastimar el bolsillo de los contribuyentes en general, sobre todo quienes no tienen esos vicios, fue que se creó dicho impuesto especial, para cargarse a dichos productos, así que el contribuyente que consuma dichos artículos que no son de primera necesidad, son los que cubren dicho tributo adicional, que debe ser destinado al sector salud, para atender ese tipo de padecimientos.

Sin embargo, en el caso que se estudia donde el aborto ha sido despenalizado, y que ahora se está autorizando para que el sector salud lo atienda de manera gratuita, ese nuevo servicio médico debe ser satisfecho con el correspondiente presupuesto de egresos, y al ser gratuito para las mujeres que opten por la invocada intervención médica, no gastarán, pero al final se tienen que cubrir dichos gastos, y con las reformas mencionadas, dichos insumos, servicio hospitalario y la intervención de los médicos y enfermeras, la van a tener que cubrir de manera obligada TODOS los ciudadanos a través de sus impuestos.

Y cuando hablo de que van a cubrirlo todos los ciudadanos, también se les va a obligar a las personas que no están a favor del aborto.

Y entonces eso implica un doble daño en su contra, porque uno es el económico, al tener la obligación de pagar sus impuestos, cuyo porcentaje, aun cuando sea mínimo, pero será destinado para cubrir dicha atención hospitalaria.

Y el otro perjuicio que resentirán, sobre todo aquellos ciudadanos pro vida y personas religiosas, es en el aspecto moral, debido a que, aun cuando estén en contra de la realización de esa práctica, al existir la obligación legal de pagar un tributo al Estado, en donde una parte se canalizará para cubrir los costos de los abortos solicitados, no podrán oponerse a que un porcentaje de sus citados impuestos se envíen para ese fin.

Por lo tanto, de manera indirecta a los moralistas y religiosos se les hará participar en dicho acto aún en contra de su voluntad, porque es del dominio público que la omisión de pagar impuestos provocará la imposición de multas, y en el peor de los casos hasta se puede incurrir en un delito, y todo eso implica darle un trato indigno, pues no tendrá derecho a quejarse, porque serán objeto de acusaciones tales como: “santurrones, misóginos, retrógradas”  y otros términos que comúnmente utilizan algunas  feministas para vejar a esa parte de la población.

En conclusión:

Estamos ante una disyuntiva de ideología y de derechos, porque para satisfacer una necesidad de una parte de la población, se tiene que transgredir el derecho de la libertad de pensamiento y de creencia de la otra parte de la población.

Y lo que es peor, que los pro vida son los que estarán obligados a financiar eso con sus impuestos, lo que representa también un perjuicio económico directo en su contra, y todo ello, porque en la exposición de motivos que contienen las iniciativas de reformas, en donde curiosamente es similar su texto contenido en todas las legislaturas que lo han aprobado,  y todos carecen de los estudios de impacto fiscal,  así como del estudio sociológico y antropológico, al igual de que se omitió tomar en cuenta lo previsto en los pactos internacionales, relativo al principio del respeto a la vida humana desde su gestación, y por ende, existen  vicios propios en su justificación.

Pero que los legisladores, guiados por lo mediático,  han sostenido tales deficiencias con una aprobación inmediata, carente de legalidad en su proceso legislativo.

Es cuánto.

Bibliografía

Barbosa Guzmán, Carlos Marx. Las secuelas económicas y sociales en la despenalización del aborto. México, CEAAMER, 2019. 4 hojas.

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